¿Tendrá Uber que convertirse en una empresa y dejar de ser app?

La justicia europea determinó que el servicio que presta la empresa pertenece a los transportadores y delegó su regulación a los territorios donde opera.

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El servicio de puesta en contacto con conductores no profesionales prestado por Uber pertenece al "ámbito de los transportes", por lo que los países europeos pueden imponerles las mismas exigencias que a los taxistas, indicó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Con este fallo que sienta jurisprudencia en la UE, el alto tribunal responde a las dudas planteadas por un tribunal de Barcelona (noreste de España) sobre la naturaleza de esta plataforma electrónica, demandada por la asociación profesional de taxistas Élite Taxi en 2014 por competencia desleal.

La clave del fallo era determinar la naturaleza de este tipo de plataformas, que ofrecen precios más bajos por el mismo servicio y están en el punto de mira de taxistas de todo el planeta desde España a Brasil, pasando por El Salvador. La justicia europea considera que Uber "no se limita a un servicio de intermediación", de poner en contacto mediante de una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a clientes con conductores no profesionales que utilizan sus vehículos para un desplazamiento urbano.

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Uber crea "una oferta de servicios de transporte urbano" y su aplicación es "indispensable" tanto para los conductores, sobre quienes ejerce también una "influencia decisiva" sobre las condiciones de prestación del servicio, como para los clientes, precisó el TJUE en un comunicado.

Este servicio, cuyo "elemento principal es un servicio de transporte", responde así en virtud del marco legal europeo al "ámbito de los transportes" y no al "de la sociedad de la información", como pretendía demostrar la empresa estadounidense. Al ser un servicio de transporte, las diferentes administraciones de los países europeos pueden regular las condiciones de prestación del servicio, como en el caso de Barcelona, donde los taxistas deben disponer de licencias y autorizaciones para poder operar.

Aunque el alcance del fallo del alto tribunal es europeo, este jarro de agua fría para Uber será seguido a nivel mundial, mientras que la plataforma, que opera en más de 600 ciudades, enfrenta resistencias en la mayoría de ellas.

La posición de la empresa

Mientras tanto, voceros de Uber se manifestaron sobre la decisión judicial. Uber dijo que el veredicto no supondrá una gran diferencia en la manera en que trabaja en Europa. "Esta sentencia no cambiará las cosas en la mayoría de los países de la Unión Europea (UE) en los que ya operamos, lo hacemos bajo la ley de transporte", dijo un vocero de la compañía.

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"No obstante, millones de europeos todavía no pueden usar aplicaciones como la nuestra. Tal y como dijo nuestro nuevo director ejecutivo (Dara Khosrowshahi), es apropiado regular servicios como el que presta Uber, por eso continuaremos dialogando con ciudades en Europa para asegurar que todo el mundo obtiene un trayecto fiable al tocar un botón".

El fallo supone una revolución en la ‘geek economy’ o economía colaborativa, llamada así por la utilización de tecnología para modificar la manera en que el sector tradicional se relaciona con los consumidores. Colombia no es ajena a esta coyuntura, donde tanto el Ministerio de las Tecnologías, Información y Comunicaciones (MinTIC) y el Ministerio de Transporte están en posiciones distintas frente a la legalidad de Uber.

Mientras David Luna, ministro TIC, aceptó que no se pueden limitar las plataformas tecnológicas, mientras que el ministro de Transporte, Germán Cardona, busca que se apruebe una reforma para sancionar a servicios del ramo que no cuentan con autorización para funcionar.

Hace alrededor de un mes, Cardona hizo un llamado al Congreso de la República para que le dé trámite al proyecto de ley radicado el pasado 3 de octubre, con el que se busca fortalecer a la Superintendencia de Puertos y Transporte. Con la aprobación se ampliarán las facultades de la entidad y se definirán las conductas que dan lugar a sanción en todas las modalidades de transporte, incluida la prestación de un servicio no autorizado.

El jefe de la cartera señaló que “dicho proyecto de ley ordena que cuando un vehículo de transporte particular presta un servicio público y se le comprueba esta falta por tercera ocasión, se le retirará la licencia de tránsito y podría ser chatarrizado”.

La ponencia establece que las autoridades podrán inmovilizar y multar al vehículo cuando se demuestre que presta un servicio no autorizado. De igual manera señala que cuando el vehículo ha sido inmovilizado por tercera vez en un período igual o inferior a doce (12) meses por prestar un servicio no autorizado, la autoridad de transporte procederá a cancelar la licencia de tránsito, así como su correspondiente registro. Según la Ley 769, esto implica la desintegración del vehículo.

Con información de agencias AFP y BBC Mundo

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