Impuestos a los vicios, una forma de bajar el gasto hormiga

El gravamen a los cigarrillos, al alcohol y las gaseosas ha sido una manera de frenar la compra de estos productos, al tiempo que se ve como una manera de manejar un problema de salud pública.

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Se calcula que mundialmente, el consumo de cigarrillos aumenta la aparición de enfermedades asociadas al sedentarismo, al tiempo que fomenta el desarrollo de distintos tipos de cáncer. El alcohol consumido en exceso propicia enfermedades como la cirrosis, y una mala noche de copas con un conductor al volante puede terminar en una tragedia vial con víctimas fatales.

El consumo exagerado de gaseosas, principalmente en los más pequeños, deriva en obesidad temprana y en casos de diabetes infantil. Es por eso que en el mundo se han creado campañas pedagógicas para frenar el consumo en la sociedad. Otras iniciativas, como por ejemplo, en México, han tratado de aumentar los impuestos a las bebidas azucaradas, como las gaseosas. Precisamente, para analizar el fenómeno, el centro de estudios económicos ANIF elaboró un diagnóstico llamado ‘Impuestos a los vicios en Colombia’. El informe detalla que la tendencia mundial ha sido de elevar los impuestos al tabaco y el alcohol bajo el argumento que elevar esos precios ayudará a reducir el consumo.

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Colombia también se ha venido moviendo con esta correcta tendencia mundial, elevando dichos impuestos a los vicios. De hecho, durante el proceso de adhesión a la OCDE de 2015-2017, el Comité de Salud recomendó transferir mayores recursos al sector salud por esta vía de incremento de impuestos a los vicios.

Sin embargo, se ha encontrado particular resistencia en el frente de las bebidas azucaradas, debido al fuerte cabildeo ejercido durante la Ley 1819 de 2016, cuando se impidió hasta la discusión del tema. Algo similar está ocurriendo ahora con la discusión de la llamada Ley de Financiamiento.

En cuanto al gravamen al tabaco, ANIF destaca varios avances, ya que se introdujo un impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco no procesado del 55% bajo la Ley 223 de 1995, endurecido posteriormente con la creación del impuesto específico por cajetilla y la sobretasa al consumo (Leyes 1111 de 2006 y 1393 de 2010). Posteriormente, se introdujo la Ley Antitabaco (Ley 1335 de 2009), donde se adoptaron los principios del Convenio Marco para el control del tabaco de la OMS. Aquí se destacó la prohibición de la promoción -publicidad-patrocinio del tabaco y la obligación de adicionar advertencias sanitarias en las cajetillas.

Más recientemente, la Ley 1819 de 2016 continuó avanzando con el endurecimiento del gravamen al tabaco. Allí se elevó el impuesto específico desde $700 por cajetilla en 2016 a $1.400-$2.100 en 2017-2018, incrementándose a ritmos del 4% real anual hacia el futuro.

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Para ANIF, lo anterior ha tenido la doble bondad de: i) generar un mayor recaudo tributario proveniente del tabaco hacia el sector salud, pasando de $0.6 a $0.9 billones en 2016-2017 (+46% anual); y ii) reducir los fumadores de un estimado de 3.3 a 2.8 millones en 2016-2017 (-15% anual), según la Encuesta de Calidad de Vida del Dane.

Además, se ha logrado reducir la proporción de aquellos que fuman más de diez cigarrillos al día en cerca de un 9%, según la Fundación Anáas. A nivel de salud pública, además, se ha tenido el beneficio de reducir el gasto público asociado al tabaquismo estimado en $4-$5 billones/año, cayendo además el número de muertes asociadas (actualmente explicando el 16% del total).

Impuestos al alcohol

En el caso del alcohol, también se ha venido aumentando el gravamen a su consumo desde la Ley 788 de 2002, cuando se adoptó un sistema específico en función del grado de alcohol.

Más recientemente, la Ley de Licores (Ley 1816 de 2016) le adicionó al componente específico (de $150-$220 por cada grado de alcohol) uno advalórem (del 20%-25% sobre el precio de venta al público), llegando a un impuesto total de consumo cercano al 30%. Este último sistema era un requisito exigido por la OCDE.

El último punto es sobre las bebidas azucaradas, que en 2016 fueron objeto de debate, a las que finalmente se les libró de un nuevo impuesto. El Proyecto de Ley de la Reforma Tributaria de 2016 contemplaba un impuesto de $300 por litro a las bebidas azucaradas, aproximadamente un 20% de su valor.

Dicha propuesta tenía dos loables objetivos: primero) reducir el consumo de las bebidas azucaradas, siguiendo lineamientos de organismos internacionales (como la OMS) para aminorar la propensión a la obesidad y sus enfermedades crónicas; y segundo) allegar para el sector salud tributos adicionales por cerca del 0.3% del PIB.

“Lamentablemente, el fuerte cabildeo impidió que el país adoptara las “mejores prácticas globales” en el frente de lucha contra la obesidad a través de implementar impuestos disuasivos a las bebidas azucaradas, renunciando de entrada a resultados esperanzadores de países vecinos”, destacó ANIF.

Por ejemplo, la experiencia de México ha mostrado que el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas a $1/litro implicó una caída hasta del 12% en su consumo en comparación con el resultado de no haberlo implementado y un aumento hasta del 4% en el consumo de agua embotellada en 2014. Ello, a su vez, estaría reduciendo los costos del sistema de salud en US$1.000 millones en 2013-2022.

El documento sirve a manera de reflexión sobre el impacto que tiene en las finanzas públicas la adopción de impuestos a industrias que tienen un alto costo en materia de gasto social.

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