El examen obligatorio que deberán presentar los aspirantes a abogado

Colombia solo es superado por Costa Rica como el país con más abogados por cada 100 mil habitantes. Ahora, se les exigirá un examen de Estado para comprobar su idoneidad y recibir su tarjeta profesional que les permitirá ejercer laboralmente.

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Cada país tiene sus normas para habilitar a los graduados de las universidades a ejercer su profesión con unos estándares comunes para todos. Los profesionales en Derecho en los Estados Unidos deben pasar el examen de la barra de abogados en la zona donde ejercerán su profesión. No pasa lo mismo en Europa, donde hasta hace pocos años, el título de abogado debía ser validado en cada país donde ejercían la profesión, pero desde 2014, una decisión del Tribunal de Justicia de la UE tumbó el mecanismo y se adoptó que todos los abogados de países de la comunidad pueden ejercer sin necesidad de convalidar los estudios.

Se estima que hay unos 400.000 abogados registrados en Colombia y es el segundo país con más profesionales del Derecho en el mundo por cada 100 mil habitantes. Los expertos creen que esto puede derivarse de diversos factores, entre ellos, el hecho de que Colombia sea un país altamente judicializado y de muchos conflictos, viviendo un proceso de paz que ha involucrado a todos los sectores de la sociedad.

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Esto aunado al atractivo de Colombia para ubicar oficinas regionales gracias a los programas de gobierno creados para potenciar la inversión extranjera, y el hecho de que la mayoría de personas consideran esta carrera, una profesión bien paga, que además cuenta con múltiples y diversos campos de acción.

Entretanto, el imaginario colectivo del ejercicio del derecho como profesión bien remunerada dista mucho de la realidad. Según un estudio publicado por la revista Forbes, Estados Unidos es el país que mejor paga a sus abogados con un salario promedio de 10 mil dólares mensuales, lo que está lejos de los $833 dólares que gana un abogado colombiano recién egresado. Si miramos Latinoamérica, el salario de los nacionales es de los más bajos de la región, detrás de Costa Rica ($1.836 dólares), Argentina ($1.686 dólares), Brasil (1.221 dólares), y Chile ($897 dólares), apenas superando a México ($588 dólares).

Estudiar esta carrera no es sencillo ni tampoco es barato. Un semestre de Derecho en la Universidad de los Andes está costando $16.344.000 en 2018 y ese valor puede incrementarse el próximo año. En la Universidad Javeriana, en Bogotá, el semestre para los estudiantes de Derecho cuesta $11.504.000, mientras que el mismo semestre pero en la Universidad de la Sabana cuesta $11.300.000. Los libros, alimentación, transporte y otros costos asociados hacen que estudiar Derecho en una universidad acreditada estén en el orden de los $113 millones o más de $163 millones que vale solo la matrícula semestral para el caso de la Universidad de los Andes.

El nuevo requisito

Desde el pasado 28 de junio de 2018 empezó a regir para todo el país una nueva Ley que le exige a los aspirantes a abogado a presentar un examen de Estado para validar sus conocimientos. La Ley 1905 de junio de 2018 señala que para ejercer la profesión de abogado, “además de los requisitos exigidos en las normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación del Examen de Estado que para el efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), directamente o a través de una Institución de Educación Superior Acreditada en Alta Calidad que se contrate para tal fin. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sancionó la citada norma que empezará a aplicarse a los abogados del país que recién inician la carrera de Derecho.

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Para aprobarlo, el resultado del Examen de Estado deberá superar la media del puntaje nacional de la respectiva prueba. En el resultado individual de cada examen, el CSJ señalará la representación porcentual del puntaje obtenido sobre la media nacional. Si el  egresado o graduado no aprueba el examen, se podrá presentar en las siguientes convocatorias que señale el CSJ hasta tanto obtenga el porcentaje mínimo exigido.

Cabe señalar que la certificación de la aprobación del Examen de Estado será exigida por el Consejo Superior de la Judicatura o por el órgano que haga sus veces para la expedición de la Tarjeta Profesional de Abogado. “Para ser representante de una persona natural o jurídica para cualquier trámite que requiera un abogado, será necesario contar con la tarjeta profesional de abogado, que solo se otorgará a quienes hayan aprobado el examen”, indica la Ley. Para las demás actividades no se requerirá tarjeta profesional.

El requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado establecido en la presente ley se aplicará a quienes inicien la carrera de derecho después de su promulgación. De acuerdo el representante a la Cámara, Germán Navas Talero, quien fue uno de los autores y ponentes de esa iniciativa en el Legislativo, “la práctica de la profesión de abogado entraña un riesgo social, lo que obliga al Estado a garantizar la idoneidad de quienes la ejercen”.

Y es precisamente con esta nueva ley que el Estado, a través del CSJ, pretende ofrecer dichas garantías, puesto que “todos los ciudadanos que precisen el servicio de un abogado, deben obtener un servicio calificado, eficiente y con alta calidad ética”, según lo manifestó el propio ministro de la Justicia y el Derecho, Enrique Gil Botero; quien, desde el origen de esta iniciativa, estuvo de acuerdo con su necesaria implementación.

Este nuevo examen de Estado aplica solamente para quienes inicien la carrera de Derecho, y será requisito para obtener la tarjeta profesional de abogado. Para el representante del Polo Democrático, Germán Navas Talero, la sanción de esta ley es muestra del compromiso que debe tener el Estado con la Justicia, y celebró el respaldo que tuvo esta iniciativa por parte del Gobierno.

Navas Talero ha insistido en que uno de los problemas más graves de Colombia está en la debilidad de su sistema judicial, el cual se deriva -muchas veces- en la deficiente preparación profesional por parte de quienes se gradúan de la carrera de Derecho. Para el congresista la sanción de esta Ley es un paso importante en el avance que el país requiere en materia judicial.

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