¿Cómo el factoring puede ser motor de inversión en Colombia?

por Eduardo Rincón Herrera*

La adopción de este negocio no solo ahorrará papel y cuidará el medio ambiente, también es una oportunidad para personas naturales y jurídicas interesadas en poner a rentar sus ahorros.

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Entre la ley 1231 de 2008, que le dio origen, el decreto 2669 de 2012, que la reglamentó, y la ley de garantías mobiliarias 1676 de 2013, artículos 86 a 89, en donde se hicieron algunas modificaciones al texto original, y el día de hoy, han ocurrido muchos sucesos que conducen a un factoring bien diferente al que imaginamos en ese entonces. Vemos constructivo este escenario de evolución, que si bien es cierto a algunos preocupa, porque dista mucho del comienzo, se debe recibir positivamente.

Atrás quedó el manejo de los documentos y títulos de contenido crediticio, representativos de derechos económicos ciertos de contenido patrimonial, que conforme al enunciado del reglamento administrativo se convirtió en la columna vertebral del marco operacional, por cuanto determina que la “operación de Factoring es aquella mediante la cual un factor adquiere, a título oneroso, derechos patrimoniales ciertos, de contenido crediticio, independientemente del título que los contenga o de su causa, tales como y sin limitarse a ellos: facturas de venta, pagarés, letras de cambio, bonos de prenda, sentencias ejecutoriadas y actas de conciliación, cuya transferencia se hará según la naturaleza de los derechos, por endoso, si se trata de títulos valores o mediante cesión en los demás casos”.

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Y se recuerda como la puerta trasera de nuestro sistema de financiamiento alternativo, toda vez que vino la innovación a través de las tecnologías que hoy son reglas básicas, con arreglo a la factura electrónica y el factoring electrónico, que partieron la historia en dos. Para el 2019 se estima que se negociarán por internet aproximadamente 150 billones de e-facturas, contentivas de transacciones comerciales celebradas entre sus emisores y los deudores pagadores, por concepto de provisión de bienes y servicios.

Un volumen de esta naturaleza, hace 10 años era impensable. Y es más, no imaginábamos en qué bodega podía caber semejante acervo documental. Hoy no se consumirá más papel, y todos estos títulos se conservarán en el mundo virtual, con la debida protección, y la presencia de un ente regulador que es el registro de facturación electrónica (refel), administrado por el Estado, bien sea por medio de la DIAN o del Ministerio de Comercio, apoyándose en un depósito especializado del mercado de valores, con facultades de custodio.

Ese registro, hace en este segmento, lo mismo que el registrador de instrumentos públicos en el sector inmobiliario. Es decir, que no se pueden validar las transacciones, y menos pagar, sin la supervisión de la autoridad registral. Este tipo de factoring, representa aproximadamente el 60% del factoring nacional.

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Las demás transacciones por factoring, continuarán operando por medios físicos, como la cesión de contratos de obra, de concesión, de prestación de servicios, de outsourcing, de suministros, los bonos de prenda de los almacenes generales de depósito, las conciliaciones y sentencias de reparación directa que tienen al estado como deudor pagador, el descuento de pagarés, letras de cambio, cheques, y en general la totalidad de los títulos valores.

Movimiento de capitales

El factoring digital, tal como quedó establecido en el decreto 1349 de 2016, cuenta con financiamiento propio, proveniente de los recursos dinerarios de los compradores institucionales de facturas electrónicas. Ellos son: los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial, las instituciones financieras de segundo piso como Bancóldex, las fiduciarias y comisionistas de la bolsa de valores, las entidades del sector solidario, los fondos de cesantías y pensiones y las compañías mercantiles de factoring.

Para fondear las demás operaciones de factoring, si se necesita el concurso directo de los inversionistas, personas naturales o jurídicas, interesadas en hacer rentar sus ahorros.  Este sector representa, aproximadamente, el 40% del factoring.

Vigilancia y control

De conformidad con la preceptiva trazada por el decreto 2669 de 2012 y el decreto 1219 de 2014, las sociedades de factoring con objeto exclusivo, son vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Y cuando operen, a través de plataformas electrónicas de negociación, la supervisión especial de estos instrumentos virtuales, está a cargo, para fines empresariales, de la superintendencia de industria y comercio (SIC).

Excepción

Para la Corte Constitucional, acorde con la sentencia C-1021 de 2012, se declararon inexequibles las expresiones “realizadas por entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades” y “vigiladas por la Superintendencia de Sociedades” del artículo 38 de la ley 1450 de 2011, “por la cual se expide el plan nacional de desarrollo, 2010-2014”.

Consecuentemente, para la Corte, la generalidad de las sociedades comerciales en Colombia, pueden ejercer libremente la actividad de intermediación en negocios de factoring.

*Presidente de Asofactoring Colombia

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