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La inclusión financiera en Colombia va por buen camino, como lo muestran algunas cifras que maneja la Banca de las Oportunidades, entidad pública que vela por el cumplimiento de las cifras en esta materia que el país suscribió para entrar dentro de la OCDE, el club mundial de países con mejores estándares de desarrollo y economía.
Según esta organización, el indicador de inclusión financiera (adultos con al menos un producto financiero, normalmente la cuenta de ahorros), llega a 81,3%, lo que equivale a 27,8 millones de mayores de edad que cuentan con algún producto financiero, cifras que están a septiembre de 2018.
En los primeros 9 meses del año pasado, un total de 904.225 adultos ingresaron por primera vez al sistema financiero y se contaban 140.166 puntos de acceso al sistema financiero en todo el país, por ejemplo oficinas financieras y corresponsales bancarios.
Estos resultados podrían dejar de verse, advierten asesores expertos en asuntos financieros, si avanza el proyecto de Ley 58 de 2018, que está para su tercer debate legislativo en el Congreso y que requiere de cuatro aprobaciones para ser convertido en Ley. La iniciativa de los senadores Luis Fernando Velasco y David Barguil pide la modificación de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 “y se dictan disposiciones generales del Hábeas Data con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”.
El articulado propone reducir el tiempo de permanencia del reporte de mora en las centrales de riesgo por un periodo de hasta dos años, implementar la caducidad de la información negativa (así no se hayan pagado las obligaciones) equivalente a un máximo de cinco años, y dar una amnistía para morosos de seis meses que eliminaría la información negativa, enmarcada en un régimen de transición.
“A pesar de las buenas intenciones del legislativo para dar alivio a los deudores, debe advertirse que su aprobación llevaría a que se deteriore la calidad y pertinencia de la información recopilada por los burós. Esto afectaría la capacidad de las entidades financieras para diferenciar el nivel de riesgo que presentan sus clientes y, con esto, la inclusión financiera. Al respecto, cabe anotar que los países con información crediticia de alta calidad exhiben un mayor desarrollo financiero y perciben menores riesgos para originar crédito”, señaló Santiago Castro, presidente de Asobancaria en una columna de opinión publicada recientemente en el diario financiero La República.
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Otros impactos negativos
Este proyecto de ley pasará al tablero en una audiencia pública que se llevará a cabo este 20 de mayo en el Salón de Sesiones de la Cámara de Representantes, a partir de las 2:00 p.m. Se espera la participación de todos los sectores relevantes de la industria para conocer la opinión, como también de los voceros de los consumidores y entidades como gremios industriales.
No es la única preocupación del sector. Expertos que conocen la actividad de las centrales de riesgo manifestaron a FP que lejos de permitir una mayor inclusión financiera, lo que podría darse es el efecto opuesto. Básicamente los bancos volverían a concentrar la colocación del crédito en los clientes más conocidos, volviendo a las oscuras prácticas de los 80 y 90 del país, cuando el puesto de gerente de banco era el más codiciado, por los regalos que ellos recibían para ser persuadidos de otorgar un préstamo.
Más allá de la caricatura de cómo sería el proceso crediticio, conviene recordar que Colombia es en el ámbito mundial uno de los países referentes con la menor posibilidad de consultar información negativa en los burós de crédito. En Estados Unidos el reporte negativo dura hasta 5 años y en Europa, el máximo periodo de permanencia de los reportes negativos puede llegar a los 7 años.
Los especialistas en el tema reconocer que el efecto sobre los deudores será el contrario al esperado pues no se daría un cambio automático en las originaciones de crédito, sino que al equipararse los reportes negativos de manera inmediata con los reportes negativos, eso dejaría ‘ciegos’ a los asesores de los bancos, con lo cual se terminaría castigando a los ‘buena paga’.
De acuerdo con los analistas, cerca de 28 millones de colombianos se verían afectados, principalmente la población más vulnerable. Según los análisis, la información es un elemento primordial para acceder al crédito, se constituye en la garantía reputacional, es decir el buen nombre crediticio que tienen hoy 9 de cada 10 colombianos con historia de crédito lo cual afecta principalmente a la población más vulnerable, que no cuenta con garantías reales (como vivienda, carros u otros inmuebles) para respaldar sus créditos.
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Más motivos de preocupación
De acuerdo con los analistas, se dejaría un mal precedente donde los justos pagarían por los pecadores. Es decir, los buena paga y mala paga estarían en el mismo grupo. Es decir, beneficia al 8% de las obligaciones negativas y afecta el valor del 92% de las obligaciones positivas. Dicen los especialistas que así se benefician a quienes no pagan sus obligaciones a tiempo, se están equiparando los morosos con la gran mayoría de colombianos que pagan sus obligaciones a tiempo. Otros reparos que hay son:
- El proyecto plantea un retroceso en el otorgamiento del crédito: En Colombia el crédito desde el año 2012 se ha duplicado, jugando un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo económico del país. Y lo anterior no sólo se debe al sector financiero, sino a todos los sectores de la economía que prestan sus servicios a crédito y permiten a millones de colombianos mejorar su nivel de vida.
- Este proyecto afecta la población más vulnerable. La población de bajos ingresos y clase media cuenta y depende de la garantía de reputación para acceder al crédito. Hoy 7 de cada 10 créditos son otorgados a personas de estratos 1, 2 y 3. Esta ley disminuye el valor de la información positiva, menoscaba la garantía reputacional y, por lo tanto, reduce la probabilidad de la población menos favorecida de acceder al crédito formal.
- Mujeres las más afectadas: De aprobarse el proyecto, se afectaría la garantía reputacional de al menos 64% de las mujeres bajos ingresos, quienes en su mayoría acuden al crédito para proyectos productivos.
- Encarece el costo de los créditos en casi 8 puntos porcentuales. El efecto principal de la eliminación de la data negativa es la desigualdad en la información que produce, lo cual reduce consecuentemente el acceso al crédito y aumenta las tasas de interés, que se estima en cerca de 8 puntos porcentuales.
Para ejemplificar lo anterior:
- Hoy una persona que paga una cuota mensual de $53.000 por un crédito de $2.000.000, a 60 meses, con los cambios que pretende la Ley de Habeas Data podría llegar a pagar, por un crédito de igual valor, una cuota mensual de aproximadamente $61.000 lo que significa un aumento de casi el 15%.
- En el caso de una persona con crédito de $10.000.000 a un plazo de 60 meses que hoy paga una cuota mensual de $265.000 con los cambios que pretende la Ley de Habeas Data pasaría a pagar por un crédito por el mismo monto una cuota mensual de $303.000, es decir un 14% más.
- Una persona que hoy paga una cuota de $74.000 pesos mensuales por un crédito de $2.000.000 de pesos (a un plazo de 36 meses) pasaría a pagar con los cambios que pretende la Ley de Habeas Data por un crédito por el monto y plazo una cuota mensual de $82.000, un 11% más.
- Una persona con un crédito de $10.000.000 (a 36 meses) paga hoy una cuota mensual de $371.000, con los cambios que plantea la Ley de Habeas Data, pasaría a pagar una cuota mensual de $405.000, un 9% más.
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